La cárcel: ¿Pausa entre dos crímenes?

 Por Bárbara Candelaria

El sistema penitenciario como contribuyente al auge de la delincuencia. 

 

Si se comprueba que cometiste un delito debes ir a la cárcel. Es un trabajo conjunto de la policía, con algunas instituciones especializadas, ya sea homicidios, delitos electrónicos, DNCD, antipandillas, o cualquier otra división, el sistema judicial con los jueces, fiscales y abogados involucrados, todo el tiempo dedicado a hacer de esta sociedad un mejor lugar. Millones de pesos del dinero de los contribuyentes, invertidos en el sistema cuyo objetivo final es retirar a la persona que tomó actitudes antisociales por el bien de la sociedad. Se entrega al sistema penitenciario para que esta persona cumpla su condena y pueda ser rehabilitado, reinsertado en la sociedad y evite reincidir. 

¿Puede ser la cárcel la grieta por donde gotea la tubería de la delincuencia? Si la policía hace su trabajo de aprehender, el sistema judicial su trabajo de condenar, ¿está el sistema penitenciario haciendo el suyo?  

El gasto penitenciario en República Dominicana representa menos del 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que refleja una inversión limitada en rehabilitación, infraestructura y seguridad carcelaria.  

Esto limita los programas de reinserción en algunas cárceles, aunado a la falta de espacio en algunas y de abandono en otras, como Las Parras (Nueva Victoria), que está siendo repensada para crear programas de agricultura, terapia ocupacional y deportes. Excelentes intenciones que aún no han sido ejecutadas. 

 

¿Pero un bar dentro de una carcel sí fue posible? 

En noviembre de 2024, autoridades penitenciarias descubrieron un “bar clandestino” dentro de la cárcel de La Victoria, hallazgo que desató un escándalo nacional y puso en evidencia la corrupción estructural del sistema penitenciario dominicano. Hasta la fecha, las investigaciones continúan, con varios funcionarios bajo la lupa. 

• 47 cajas de Brugal Extra Viejo 

• 240 botellas de Brugal XV 

• 119 botellas de King’s Label 

• 23 botellas de otras marcas 

• Potenciadores sexuales y artículos de entretenimiento para adultos 

Todo estaba oculto en un baño del penal y en una zona cerrada con candado dentro del comedor, lo que sugiere una complicidad interna para permitir su almacenamiento y consumo. Alguien debió autorizar el ingreso de esas mercancías: no hay forma de que un preso, por sí solo, introduzca y almacene decenas de cajas de alcohol sin que las autoridades lo noten. Peor aún, todo apunta a que esta operación fue orquestada desde el alto mando del penal.  

La fiebre no está en la sabana: está en el sistema. Si como autoridad penitenciaria mi deber es disciplinar, rehabilitar y proteger, pero en cambio decido lucrarme facilitando el ingreso de alcohol, drogas y privilegios, entonces el preso no tiene hacia donde ver un ejemplo de disciplina. 

No existen fuentes oficiales que señalen con certeza a los culpables —ni siquiera a los acusados— del escándalo del bar clandestino en La Victoria. Por esa razón, no mencionaremos los nombres que circularon apresuradamente cuando la noticia salió a la luz. Este caso exige un manejo mucho más transparente por parte de la prensa y de las autoridades, sin duda. Porque si el nombre que se difundió no corresponde al responsable de un hecho tan grave, entonces debemos cuestionar cómo se gestiona el control de entrada y salida de mercancías en el recinto más vigilado de República Dominicana. 

Y si ese control es tan débil como lo sugiere este episodio, entonces estamos ante una falla estructural que no solo permite privilegios dentro de prisión, sino que alimenta comportamientos fuera de ella. La corrupción penitenciaria podría ser la causa del auge de la delincuencia en el país. Hablemos de ello en términos prácticos: 

 

Un preso muerto en una fiesta en Herrera: ¿fracaso de la reinserción? 

El 1 de septiembre de 2025, José Eduardo Ciprián Lebrón, alias “Chuki”, uno de los condenados por el atentado contra el exbeisbolista David Ortiz en 2019, murió en una balacera ocurrida en Santo Domingo Oeste mientras se encontraba en libertad condicional. 

Este hecho plantea serias interrogantes sobre los criterios utilizados para evaluar la capacidad de reinserción de personas condenadas por delitos graves. Ciprián había cumplido apenas cinco años de una sentencia de diez, en un caso donde se alegó que el crimen fue planificado desde la cárcel. ¿Puede considerarse rehabilitado alguien que participó en un intento de asesinato planeado en prisión? ¿Qué mecanismos existen para garantizar que la libertad condicional no se convierta en una puerta giratoria hacia entornos violentos? 

Podría esto ser, en efecto, una consecuencia directa de los actos de permisividad que han salido a la luz en el sistema penitenciario dominicano. Cuando dentro de una cárcel funciona un bar clandestino, se trafican privilegios, y se negocie el castigo, ya no se puede hablar rehabilitación. Estas concesiones no tienen lógica. Y sólo con investigación exhaustiva se podría identificar el verdadero motivo y de no ser basado en la ley, aplastarlo. 

Entonces, ya estamos patrullando, interviniendo, juzgando y encarcelando con eficacia —al menos en apariencia. Pero si no blindamos el sistema de rehabilitación, la puerta de salida seguirá siendo la entrada a un ciclo de reincidencia. Por años se ha dicho que las cárceles dominicanas funcionan como centros de entrenamiento para pequeños delincuentes, o que los delincuentes no temen caer presos. Cada caso como el de “Chuki” lo confirma. No basta con encerrar: hay que transformar o al menos, ser esa consecuencia a evitar a toda costa. Porque mientras la prisión siga siendo un espacio donde se aprende a delinquir mejor, el castigo será solo una pausa entre dos crímenes.