Moverse en República Dominicana: un acto de fe
Comentario sobre problemas de crecimiento poblacional y transporte en RD
Por Bárbara Candelaria
Si alguna vez estuviste en un tapón quiero que sepas que no es tu culpa por no salir mas temprano, o por tomar una mala ruta. El gobierno de tu país ya sabía que en tu camino hacia tu oficina había 180 edificaciones (por ejemplo), también entendía que cada una de ellas atraería una cantidad determinada de clientes, y facilitó permisos para que esos negocios, casas, torres, escuelas, universidades, parques, centros comerciales, se construyeran.
La ley 63-17 es la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, regula todo lo relacionado con la movilidad en el país. Establece normas para la circulación de vehículos, la seguridad vial (como los límites de velocidad y el uso de casco), las infracciones, las sanciones, y define las atribuciones de instituciones como el INTRANT y la DIGESETT. Pero no menciona la planificación como función estatal, no articula claramente cómo debe integrarse con el desarrollo urbano. No exige coordinación con los ayuntamientos, ni establece mecanismos para evitar la saturación vial por permisos de construcción desordenados.
Esto lo hace la ley 6232 sobre Planeamiento Urbano, que establece procesos de ordenamiento territorial, el problema es que no hay integración alguna entre estas dos leyes, no hay departamentos en conjunto con los ayuntamientos y los diseñadores urbanos, lo que genera vacíos y duplicidades entre instituciones. Es como si nuestros gobiernos, indistintamente del partido, no entienden que, a más población, más circulación.
Tenemos calles que conectan los ambientes, están allí construidas como un requerimiento más sin garantizar movilidad. En términos reales la clandestinidad de ciertas construcciones puede afectar los números con los que se trabajan. No se puede planificar lo que no se reconoce. Y en República Dominicana, la invisibilidad legal de muchas construcciones es parte del problema estructural.
Inversión nacional e internacional
Ana María Ibáñez, vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reconoce que estudios realizados por esta institución arrojan que existe una brecha del 34% en infraestructura del transporte.
Durante el diálogo Regional de Políticas Públicas sobre Transporte 2025 celebrado el 28 de octubre del 2025 fue citada por el Diario Libre diciendo "Cerrar este déficit requiere un esfuerzo significativo de inversión del país, no solo para desarrollar nuevas infraestructuras, sino también para fortalecer y mantener lo que ya hemos construido."
Este evento fue inaugurado por el presidente Luis Abinader y marcó la primera vez que el país participó como miembro pleno del Foro Internacional de Transporte (ITF). Bajo el lema “El transporte como motor del desarrollo para la resiliencia y la competitividad”, el encuentro reunió a ministros, expertos y líderes regionales, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como anfitrión
Comentó que la República Dominicana es uno de los países de América que actualmente recibe una inversión significativa en infraestructura, con más de 2,000 millones durante este año. De ese monto, entre 150 y 200 millones han sido asignados específicamente a nuestro país en materia de infraestructura del transporte.
Inversiones internacionales como éstas, además de las que ha hecho el gobierno dominicano con el metro de Santo Domingo, el teleférico, túneles y elevados ¿están basados en los estudios de población correctos? Veamos.
Si una torre residencial no está registrada, no se contabiliza cuántas personas viven allí ni cuántos vehículos circulan desde ese punto.
Se aprueban proyectos sin saber cuántos clientes, empleados o estudiantes atraerán, porque muchos de esos espacios ni siquiera figuran en los mapas oficiales.
Las calles, aceras, drenajes y rutas de transporte se diseñan para una demanda menor a la real, lo que genera saturación constante.
Moto conchos, negocios ambulantes, parqueos improvisados… todos surgen para suplir necesidades que el Estado no previó, pero que tampoco regula.
Caos vehicular, corrupción institucional
A todo esto, se suma el caos en el transporte vehicular. Los dominicanos habíamos cifrado grandes esperanzas con la designación del actual director del Intran, Ingeniero Milton Morrison, quien es especialista en ingeniería eléctrica, planificación de proyectos y estrategias de mercados eléctricos. Sin embargo, aun no contamos con ninguna medida trascendental de su parte.
Este problema no se soluciona en un día, puesto que son décadas de expansión urbana sin planificación, crecimiento poblacional no censado, corrupción institucional y una cultura de impunidad normalizada. Barrios enteros se levantan sin calles transitables, zonas comerciales florecen sin estacionamientos, y las principales vías se colapsan sin que existan rutas alternas viables. Todo esto ocurre mientras el Estado es representado por personas que se involucran en macro corrupción como el caso de corrupción relacionado con la red de semáforos en República Dominicana conocido como “Operación Camaleón”.
Este escándalo involucra la empresa Transcore Latam S.R.L., creada poco antes de ganar una licitación pública por más de 1,300 millones de pesos para modernizar el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. Según el Ministerio Público, el pliego técnico de la licitación fue redactado desde dentro de la misma empresa beneficiada, lo que sugiere manipulación del proceso.
A eso se le suman la micro corrupción diaria de agentes de la INTRAT que involucran a ciudadanos involuntaria y voluntariamente en sobornos, o mira hacia el otro lado cuando un autobús o carro de concho bloquea una intersección o se detiene en una zona de tránsito fluido. El desorden en el transito es un gran factor en los embotellamientos.
La modernización del transporte
Los carritos de concho, las guaguas y los moto conchos, siguen dominando el paisaje urbano a pesar de ser un recurso improvisado de mitades del siglo pasado. Pero ésta y otras ciudades del país han visto un desarrollo que se ha tomado como referente para otros países de América. Las necesidades de la ciudadanía han crecido con la ciudad y exige seguridad, eficiencia y dignidad en su movilidad. Estos vehículos, muchos sin condiciones mínimas, operan bajo lógicas informales que perpetúan el caos, el riesgo y la inaccesibilidad. Es vergonzoso que el transporte público en pleno siglo XXI dependa de improvisaciones y voluntades individuales.
El Estado no puede seguir siendo espectador ni cómplice de este modelo obsoleto. Es hora de que el gobierno retome el control del transporte público con visión de futuro, planificación técnica y compromiso social. No basta con pintar autobuses ni inaugurar corredores sin estructura. Hay que diseñar un sistema de transporte regulado, gubernamentalmente que sustituya completamente la informalidad sin temer a los sindicatos, es necesario por el bien común.
Se han logrado grandes avances en movilidad territorial con túneles elevados y metros, aunque llegan con décadas de atraso con relación a las necesidades de la población hoy. Asimismo, no logran reemplazar el transporte de carro concho, que en su momento fue una solución y hoy es parte del caos. Se necesita un sistema integrado, moderno y humano, que reconozca el transporte como un derecho y no como una penitencia diaria.
Un país que se proyecta como destino turístico, como hub logístico y como economía emergente no puede, al mismo tiempo, ostentar el triste título de número uno en accidentes viales en Latinoamérica. Conservando la imagen internacional, mientras se descuida la movilidad cotidiana de millones de ciudadanos que enfrentan un sistema de transporte inseguro, poco confiable e indigno.
El transporte público, que debería ser columna vertebral del desarrollo urbano, ha sido relegado a la informalidad y la improvisación. Y lo más grave: se deja en orfandad a un sector que representa el 14 % del PIB nacional. Aproximadamente el 60 % de la población dominicana utiliza transporte público como su principal medio de movilidad, por estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y estudios sectoriales que analizan el uso de “carros públicos”, guaguas, motoconchos, Metro y autobuses en zonas urbanas como Santo Domingo y Santiago. La cifra varía según el nivel de informalidad, ya que gran parte del transporte público en RD opera fuera de sistemas regulados imposibles de medir.
Las medidas que el gobierno tome para aliviar estas condiciones serán bienvenidas, aunque lleguen tarde. Pero no olvidemos que cada día de inacción ha tenido un costo humano, social y económico. Esta omisión no es solo una falla técnica: es una deuda ética con el país que aspiramos a construir uno donde moverse no sea un acto de supervivencia, sino de orgullo.
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