Puertas cerradas: violencia familiar y salud mental en República Dominicana.
Por Bárbara Candelaria
En el último año, República Dominicana ha sido sacudida por una serie de hechos violentos ocurridos en el seno familiar. Uno de los casos más estremecedores fue el de Pennsylvania Jiménez Valdez, quien presuntamente envenenó a sus tres hijos y luego se quitó la vida. Este suceso, ocurrido en Santo Domingo Este, ha puesto en evidencia la urgencia de abordar la violencia intrafamiliar desde múltiples frentes: salud mental, políticas públicas y cultura social.
Entre 2020 y 2024 se registraron más de 341,896 casos de violencia en el país, de los cuales el 77.5% están vinculados a violencia de género o intrafamiliar de acuerdo con las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Alrededor de 187 casos de violencia por día en República Dominicana durante ese período. Solo en los primeros meses de 2025, se reportaron más de 12,000 denuncias de violencia intrafamiliar, lo que demuestra que va en escalada. Las provincias con mayor incidencia incluyen Santo Domingo Este, Santiago y San Cristóbal.
Quedémonos en los datos. Entre 2020 y 2024 265,471 instancias de 341,896 sucedieron en el hogar, o entre personas con lazos filiales. Debería ser evidente para el gobierno, desde hace décadas, pero más específicamente desde el 2020 donde deben ir los fondos destinados a seguridad ciudadana.
Inversión gubernamental en seguridad ciudadana a nivel familiar.
Según la Ley No. 80-24 del Presupuesto General del Estado 2025, publicada por el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. La inversión en seguridad ciudadana, para el año 2025 supera los RD$18 mil millones, lo que equivale a ese 4.3% del presupuesto nacional.
¿Qué dice el estado que quiere hacer con este dinero?
Medida anunciada por el Estado | Descripción |
Fortalecimiento de la Policía Nacional | Equipamiento, formación y tecnología para mejorar la capacidad operativa. |
Expansión del sistema 911 | Instalación de más de 5,700 cámaras de vigilancia en todo el país. |
Operativos preventivos y patrullajes mixtos | Presencia policial reforzada en zonas vulnerables para disuadir la violencia. |
Retiro de armas ilegales | Decomiso de 6,397 armas de fuego y 43,123 armas blancas durante 2024. |
Programas comunitarios de prevención y convivencia social | Iniciativas locales para fomentar entornos seguros y reducir conflictos. |
Hasta hace unas semanas, no había programas específicos para atender demandas de violencia intrafamiliar generadas por inestabilidad emocional.
En materia de salud la proporción representa aproximadamente el 10% del presupuesto nacional, que asciende a RD$1.48 billones. Este dinero se invierte en atención primaria, medicamentos de alto costo, Farmacias del Pueblo, vacunación nacional, prevención y atención de tuberculosis, detección y tratamiento del cáncer, salud escolar, déficit auditivo en niños menores de cinco años, y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.
Ninguna de estas dos grandes inversiones anuales del dinero del pueblo incluye el factor que parece ser el mayor determinante de la prevención de la violencia dentro de las puertas de los hogares dominicanos. Hoy en día aún no hay cifra oficial. Evidentemente si una vida humana puede ser salvada de las fauces de la violencia, entonces vale la inversión.
El factor humano
Hace 4 semanas la vida de Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez y sus tres hijos de 11, 9 y 7 años se apagó. Según el reporte oficial de la Policía Nacional de República Dominicana, la joven de 36 años presuntamente mezcló una sustancia tóxica con jugo y se la suministró a sus tres hijos, luego, ingirió la misma sustancia, lo que le provocó la muerte. Los cuerpos fueron encontrados en su residencia y trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para realizar autopsias y pruebas toxicológicas.
En casos como estos la fibra humana se estremece y como ciudadanos no podemos evitar ver debajo de las faldas de una sociedad que abandonó a un miembro y nos pide silencio. El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, calificó el caso como “muy delicado” y pidió prudencia a la prensa para no entorpecer la investigación. Pero ni nosotros ni el gobierno ha podido ignorar el llamado que parece venir de la nota que aún está bajo verificación por la Policía Científica.
“Perdóname Dios mío, ya no puedo más. No quiero que mis hijos sufran lo mismo que yo” “Era mucho para mí sola. No podía dejar a mis hijos en este mundo tan cruel.”
Salud mental: el factor subestimado
República Dominicana ocupa el primer lugar en Centroamérica y el Caribe con mayor prevalencia de enfermedades mentales, 1 de cada 5 dominicanos padece algún trastorno mental. Esto según los resultados de la investigación “Impacto de la Salud Mental en el Sistema de Salud Dominicano”, realizada por IQVIA en alianza con Janssen, publicada por Listín Diario, el 13 de junio del 2024.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los gobiernos destinen entre 5% y 10% del presupuesto total de salud específicamente a salud mental. Esta proporción busca garantizar una cobertura adecuada en prevención, atención comunitaria, tratamiento especializado y rehabilitación psicosocial.
Mientras se destina el 10% del PIB al sector salud, la mental apenas recibe el 0.7% del presupuesto nacional, una cifra que no alcanza ni el mínimo recomendado por la OMS.”
El caso de Pennsylvania y sus hijos ha sido vinculado a un patrón preocupante: solo en agosto se reportaron cuatro infanticidios en el país, lo que ha encendido alarmas sobre la falta de atención a la salud mental y la violencia intrafamiliar.
Aunque aún se investiga, testimonios de vecinos y familiares registran que la mujer presentaba signos de ansiedad, aislamiento y episodios emocionales intensos, aunque no contaba con un diagnóstico clínico confirmado. Algunos miembros de la comunidad señalaron que, pese a notar cambios en su comportamiento, no se activaron mecanismos de apoyo oportuno.
¿Por dónde empezar?
Ante la creciente ola de filicidios, y otros actos de violencia intrafamiliar, el presidente Luis Abinader reconoce los retos de salud mental que enfrenta la República Dominicana convocando el martes 26 de agosto, a 2 días de esta tragedia, una reunión con el ministro de salud pública Víctor Elías Atallah Lajam. En dicho encuentro, declara el ministro, se han realizado avances en torno a la atención a la salud mental por parte de la superintendencia de salud y riesgo laboral (SISARIL), incluir medicinas psiquiátricas en la cobertura de salud, que hasta el momento no existe y la creación de una unidad de intervención móvil. Las recientes acciones del ministro también incluyen una propuesta de modificación a la ley 12-06 sobre salud mental la cual se encuentra actualmente en el senado.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreció declaraciones al concluir la reunión número 104 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente y con la participación del ministro de Salud Pública. Advirtió que la salud mental ha sido históricamente relegada en la agenda pública, lo que ha generado una profunda deuda social en cuanto al acceso a servicios preventivos y espacios de atención digna.
“Estamos retomando iniciativas articuladas, porque la salud no es solo un tema clínico, sino también de seguridad. Hablamos de protección a menores, adultos mayores, mujeres, madres que son víctimas silenciosas de abusos difíciles de detectar, precisamente porque no siempre dejan huellas físicas, pero pueden desencadenar consecuencias graves”, expresó la funcionaria.
En la misma reunión se anunció la articulación de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública, Interior y Policía, Procuraduría General, Ministerio de la Mujer y otras entidades para abordar la salud mental como un tema de seguridad nacional.
Se incluyen 2 actores en las medidas a tomar, el primero es el cuerpo vivo del país que son sus instituciones civiles llamando a comunidades, juntas de vecinos e iglesias a colaborar en la detección temprana de señales de crisis emocional, promoviendo una red de apoyo comunitaria. También se planteó la necesidad urgente de más personal especializado, tecnología diagnóstica y presupuesto específico para fortalecer la atención en salud mental dentro del sistema público. La tecnología que será involucrada está aún por anunciarse.
Si el Estado quiere proteger la vida, debe empezar por escuchar donde más duele: en los hogares que no gritan, pero sangran en silencio.
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